|ETC.PE|: Pese a que el proyecto original contemplaba más de 25 kilómetros de vía y una inversión superior a S/ 96 millones, se ha aprobado la ejecución de solo un tramo de aproximadamente 6 kilómetros mediante administración directa. La decisión ha generado cuestionamientos entre pobladores y agricultores, quienes consideran que la obra perdería su carácter integral y dejaría sin atender a diversos sectores beneficiarios. «Será una obra solo para sustentar gastos», afirman.
La ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera vecinal LM-521, considerada una de las obras viales más importantes para el desarrollo agrícola de la provincia de Barranca, ha generado preocupación entre pobladores, agricultores y dirigentes de diversos centros poblados, quienes cuestionan los cambios que se estarían planteando respecto al proyecto aprobado mediante expediente técnico.
La obra cuenta con un presupuesto total de inversión de S/ 96,040,422 y contempla el mejoramiento de más de 25 kilómetros de vía entre el empalme de la carretera Panamericana Norte y diversos sectores rurales del distrito de Barranca hasta Santa Victoria. Sin embargo, según acuerdos adoptados recientemente por autoridades regionales y municipales, la ejecución inicial comprendería únicamente un tramo aproximado de 6 kilómetros mediante la modalidad de administración directa. Esta intervención demandaría una inversión cercana a los S/ 6 millones.
Esta situación ha generado interrogantes entre los beneficiarios del proyecto, quienes consideran que una intervención parcial podría desnaturalizar el objetivo original de la obra y dejar sin atención a diversos sectores agrícolas y poblados que forman parte del expediente técnico aprobado.
Dos años de espera y más de S/ 700 mil invertidos en el expediente técnico
El origen del proyecto se remonta al 1 de agosto de 2023, cuando mediante el Informe Múltiple N.° 0062-2023-GRL-SGRAJ, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Provincial de Barranca suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional. En dicho acuerdo, la comuna provincial asumió la responsabilidad de elaborar el expediente técnico definitivo de la obra.
Tras cerca de dos años de trabajo, el 8 de abril de 2025 la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Barranca aprobó el expediente técnico mediante la Resolución Gerencial N.° 200-2025-GDUT-MPB.
El proyecto aprobado corresponde al mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la carretera vecinal LM-521, en el tramo Emp. PE-1N (Km 196) – Chiu Chiu – Santa Elena – Agropemsa – 1 de Mayo – Vinto Alto – Vinto Bajo – Roncador – Araya Grande – Emp. LM-529 (Santa Victoria), en el distrito de Barranca.
Una de las observaciones formuladas por diversos ciudadanos está relacionada con el costo de elaboración del expediente técnico, que ascendió a S/ 709,286.23, además del tiempo transcurrido para su culminación y aprobación. Según sostienen los pobladores, si finalmente se ejecuta una obra distinta a la contemplada en el expediente técnico valorizado en más de S/ 96 millones, el documento elaborado con recursos públicos perdería su finalidad original.
Desglose económico del proyecto
- Costo directo de obra: S/ 58,410,816.04
- Gastos generales (17.67 %): S/ 10,321,285.76
- Utilidad de la empresa (10 %): S/ 5,841,081.60
- IGV (18 %): S/ 13,423,173.01
- Supervisión de obra (4.65 %): S/ 4,093,062.52
- Elaboración del expediente técnico: S/ 709,286.23
- Otros componentes (liquidación, PACRI, monitoreo arqueológico y control concurrente): S/ 3,241,716.84
Inversión total del proyecto: S/ 96,040,422.00
Cuestionan reducción del alcance original de la obra
Uno de los principales cuestionamientos formulados por agricultores y pobladores está relacionado con la aparente reducción de las características originalmente contempladas para la carretera.
Según señalan, el proyecto integral aprobado habría considerado una vía con dimensiones adecuadas para soportar el tránsito de vehículos pesados vinculados a la actividad agrícola de la zona. Sin embargo, afirman que actualmente se estaría evaluando una intervención de menor alcance y con características distintas a las establecidas en el expediente técnico.
Diversos agricultores sostienen que el expediente técnico aprobado contemplaría una plataforma vial de aproximadamente 12 metros de ancho; sin embargo, señalan que la propuesta que actualmente se estaría evaluando reduciría esa dimensión a cerca de 6 metros. Por ello, consideran necesario que las autoridades expliquen técnicamente las diferencias entre el proyecto aprobado y la alternativa planteada para la ejecución inicial, ya que temen que se termine entregando una obra con características inferiores a las originalmente previstas, lo que —afirman— equivaldría a recibir «gato por liebre».
Asimismo, los pobladores expresan su preocupación por el saneamiento físico-legal de los terrenos comprometidos en el proyecto. Señalan que no se habrían concretado las compensaciones correspondientes a los propietarios afectados, lo que habría impedido disponer del espacio necesario para ejecutar la obra conforme a las características originalmente previstas. Advierten que esta situación podría afectar el desarrollo normal de los trabajos y comprometer el alcance final del proyecto.
Otra observación apunta a la presunta exclusión de diversos sectores poblados. De acuerdo con los cuestionamientos planteados, una eventual ejecución parcial del proyecto beneficiaría únicamente determinados tramos, dejando fuera a localidades como La Tuna, Chiu Chiu, Santa Elena, Agropemsa, Primero de Mayo, Vinto Alto, Vinto Bajo y otros sectores agrícolas que forman parte del recorrido contemplado en el expediente técnico.
Los pobladores consideran que una intervención limitada afectaría el objetivo de integración vial para el cual originalmente fue concebido el proyecto.
¿Qué acordaron las autoridades?
Las preocupaciones surgieron luego de una reunión de trabajo realizada entre representantes del Gobierno Regional de Lima, la Municipalidad Provincial de Barranca y dirigentes de diversos centros poblados, con el objetivo de evaluar mecanismos para viabilizar la ejecución de la carretera Araya – Óvalo.
En la reunión participaron el gobernador regional de Lima, Nicolás Barrera Morán; el presidente del Consejo Regional de Lima, Ronaldo Soberón Vizcarra. El gerente general regional, Leonardo Vílchez; el director regional de Transportes y Comunicaciones, Ángel Rodríguez; el alcalde distrital de Supe, Miguel Bragayrac. Además de funcionarios municipales y representantes de los centros poblados beneficiarios.
Como resultado de la reunión, se acordó que el proyecto sea ejecutado mediante administración directa por el Gobierno Regional de Lima. En ese marco, la Municipalidad Provincial de Barranca aportaría combustible valorizado en aproximadamente S/ 2 millones, mientras que el Gobierno Regional de Lima financiaría cerca de S/ 4 millones para el desarrollo de la obra.
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Sin embargo, diversos dirigentes y agricultores sostienen que la propuesta actualmente discutida no correspondería al proyecto integral valorizado en más de S/ 96 millones aprobado mediante expediente técnico, sino únicamente a una intervención parcial en determinados sectores de la vía.
Cuestionamientos en medio del escenario electoral
El proyecto también ha generado debate debido a que algunas de las personas vinculadas a su formulación o seguimiento participan actualmente en actividades políticas con miras a las próximas elecciones.
Entre ellos figura el exalcalde provincial de Barranca, Luis Ueno Samanamud, quien postula al Gobierno Regional de Lima. Asimismo, el ingeniero Soonye Malpica Rosales, exdirector regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, participa en la contienda electoral por la alcaldía provincial de Barranca.
También se encuentra en actividad política Xiomara Aldave Vásquez, candidata a la Vicegobernación Regional de Lima, hija de la sentenciada Rosa Vásquez Cuadrado.
Ante este escenario, diversos ciudadanos consideran necesario que exista total transparencia respecto a las decisiones adoptadas sobre el futuro de la obra y la utilización de los recursos públicos comprometidos en el proyecto.
Piden intervención de los organismos de control
Ante las observaciones planteadas, vecinos, agricultores y dirigentes locales consideran necesaria la intervención de los organismos de control para evaluar la legalidad, viabilidad técnica y conveniencia económica del proyecto antes de su ejecución.
En ese sentido, solicitan que la Contraloría General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios revisen la documentación correspondiente y determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con la elaboración y aprobación del expediente técnico.
La principal interrogante planteada por los pobladores es por qué, existiendo un expediente técnico aprobado por más de S/ 96 millones para una obra integral de más de 25 kilómetros, ahora se plantea ejecutar únicamente un tramo aproximado de 6 kilómetros mediante administración directa y con características que, según denuncian, serían distintas a las contempladas originalmente.
Mientras tanto, la ejecución de una de las obras viales más importantes para el desarrollo agrícola de Barranca continúa generando debate y expectativa entre la población beneficiaria.
