|ETC.PE|: José Rentería, uno de los acusados del asesinato de Adolfo Valerio, trabajó como agente de seguridad en el Poder Judicial y fue destituido por acoso sexual tras una grave denuncia en su contra.
Según la resolución que confirmó su destitución, Rentería apagaba las cámaras de videovigilancia internas para evitar que quedara registro de sus constantes ingresos a la oficina de una joven servidora judicial, a quien acosaba de manera persistente.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, en una ocasión, este sujeto irrumpió en su oficina sin autorización, la abrazó y le tocó las piernas sin su consentimiento.
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Sin embargo, lo más alarmante es que, pese a que el Poder Judicial y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) determinaron su destitución al comprobarse su conducta perversa, omitieron denunciarlo ante el Ministerio Público para que se le inicie una investigación penal.
Las entidades públicas están obligadas a reportar casos de violencia y acoso sexual a la fiscalía, y con mayor razón si se trata del Poder Judicial. Pero en este caso, las autoridades judiciales optaron por el silencio, permitiendo que Rentería evadiera una sanción penal.
Este caso no solo expone la impunidad con la que operan algunos funcionarios, sino que también pone en evidencia la falta de acción del Poder Judicial frente a individuos que representan un peligro para la sociedad.
También trabajó en la Municipalidad Provincial de Barranca hasta el mismo día en que ocurrió el asesinato, percibiendo pagos como contratado por sus servicios. Hasta el momento, el alcalde no ha explicado por qué no se realizó un filtro adecuado antes de contratar a individuos con antecedentes como este.
