|ETC.PE|: El Perú afronta una crisis social desde diciembre 2022, donde un aprendiz de dictador quiso tomar el control absoluto e imponer un gobierno de facto y gobernar por decretos, lo que condujo a que fuera apresado y hoy afronta un proceso penal con una prisión preventiva sobre sus hombros.
Ello ha conllevado que su sucesora en la fórmula presidencial Dina Boluarte, afronte una serie de protestas contra su nuevo gobierno. Numerosas regiones están en contra de la nueva mandataria, un contexto que ya ha dejado decenas de muertos que es el reflejo de la coyuntura de crisis que sufre el Perú.
La cifra que ilustra esta crisis es que desde el año 2000 han pasado por el Palacio de Pizarro 11 presidentes, un número muy elevado teniendo en cuenta que el mandato presidencial de Perú es de cinco años, en un proceso normal recién estaríamos por el 5to presidente. Es por ello que para comprender mejor la situación toca remontarse, precisamente a esa fecha, el año en que fue destituido el expresidente Alberto Fujimori.
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Para esa época (año 2000), Fujimori llevaba 10 años en el poder y había sido reelegido para un tercer mandato. Su gobierno había obtenido un gran poder desde el 1992, cuando aconteció el «autogolpe» que le permitió disolver el parlamento con el apoyo del ejército y amplio respaldo popular.
Su método de gobierno fue controversial debido a su alto grado de autoritarismo y represión contra una parte de la población. Quienes lo apoyaron defendieron su gestión económica en un momento de profunda crisis inflacionaria para Perú y su lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso y el MRTA, además de una lucha frontal contra bandas criminales muy avezadas como «los destructores» y «los injertos» que protagonizaron incursiones y secuestros con una capacidad de fuego nunca vistas en Perú. A ellos les aplico la figura jurídica de terrorismo especial que castigo con cadena perpetua a muchos de sus integrantes.
Pero quienes lo criticaron argumentaron las constantes violaciones a los derechos humanos y su corte privatizador de las empresas estatales. Su final llegó el 21 de noviembre del 2000, pero la figura del fujimorismo seguiría presente e influiría en los años venideros en la política peruana.
Tras Fujimori, Perú vivió un proceso de florecimiento democrático y de relativa estabilidad económica y en el que llegaron al poder Alejandro Toledo entre el 2001 y el 2006, Alan García entre 2006 y 2011 y Ollanta Humala entre 2011 y 2016. Incluso, el Perú se convirtió en un ejemplo a seguir en la región en el panorama económico.
Los casos de corrupción salpicaron a casi todos los expresidentes y quitaron crédito a la política peruana.
Sin embargo, durante el gobierno de Humala estalló el caso Odebrecht, una constructora brasileña que financiaba campañas políticas en América Latina a cambio de concesiones para obras públicas. Esta trama salpicó al propio Humala y a su mujer poco después de terminar su mandato y los llevó a prisión, pero también al expresidente Alejandro Toledo, que actualmente está prófugo y a la espera de ser extraditado de los Estados Unidos y al expresidente Alan García, que durante su investigación se suicidó en abril de 2019.
A estos casos se suma la de Fujimori, quien fue detenido en 2007 y está recluido en prisión por delitos contra los derechos humanos entre otros (juicio que fue cuestionado por su naturaleza más política que jurídica a opinión de muchos entendidos en derecho). Su reclusión en prisión contribuyó a aumentar un clima de polarización que ya venía creciendo desde que su hija Keiko Fujimori decidiese aspirar a la presidencia para devolver al poder al fujimorismo.
Keiko Fujimori fue candidata en 2011, 2016 y 2021. Elecciones que perdió por un estrecho margen y que demostraron la división que existe en el país en torno a Fujimori. El ejemplo más claro es la elección de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) logró derrotar por solamente 40.000 votos al fujimorismo. Esa vez, todas las fuerzas contrarias a Keiko se unieron para votar contra ella pero una vez lograron su objetivo de derrotarlo en las urnas, nunca hubo un proyecto político y PPK se encontró solo ante un congreso dominado por el fujimorismo.
El Fujimorimo y el Antifujimorismo.
Lo cierto es que el antifujimorismo no es un movimiento político en sí, es simplemente una reacción contraria al gobierno de Fujimori. Pero más allá de ese rechazo estas fuerzas (entre ellos la izquierda caviar) son incapaces de llegar a consensos que permitan la gobernabilidad de los presidentes que han pasado en los últimos años debido a que existe una gran heterogeneidad política en estos partidos en su mayoría de izquierda.
En el 2018, tras menos de dos años al frente de la Presidencia PPK se vio obligado a renunciar a su cargo. Esto debido a que PPK fomentaba una ingobernabilidad y una polarización que el exmandatario finalmente no pudo superar. Además, tras él había sospechas de estar implicado en el caso Odebrecht, un asunto que lo llevaría a prisión domiciliaria y que aún se está investigando.
Su sucesor fue el vicepresidente Martín Vizcarra, quien también se encontró en contra del fujimorismo el expresidente, de hecho, llegó a sufrir dos mociones de vacancia por incapacidad moral, el Congreso peruano comenzó a usar de forma reiterada este argumento para intentar acabar con el mandatario. La primera fracasó, pero la segunda en noviembre de 2020 si se concretó llevando a la vacancia de Vizcarra.
Tras ello, Perú atravesó un periodo de profunda inestabilidad en el que hubo dos presidentes en apenas unos meses en una crisis institucional sin precedentes. Manuel Merino no estuvo en el cargo ni una semana debido a las protestas que generó su nombramiento. Y su sustituto, Francisco Sagasti, fue el encargado de dirigir al país hasta las elecciones de abril de 2021.
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Unos comicios que no fueron de lo mejor. Casi 20 candidatos se presentaron a la primera vuelta sin que ninguno de ellos obtuviera un porcentaje de voto representativo. De hecho, el ganador en primera vuelta, Pedro Castillo, obtuvo solo el 18,9% de votos. Sin embargo, al enfrentarse contra Keiko Fujimori pudo obtener la victoria gracias al antifujimorismo y todas las fuerzas de la izquierda.
Castillo con una incapacidad para gobernar y con serias investigaciones en su contra por corrupción, el congreso le prohibió salir del país y llegó a presentar tres mociones de vacancia, de las cuales sólo triunfó la última después de que Castillo intentara disolver el Congreso en un gesto que se interpretó como un autogolpe de Estado fallido que llevó al poder a Dina Boluarte.
Lo que más preocupa es que no está claro si puede haber una solución a un problema que es más estructural que coyuntural y que ha ido aumentando hasta afectar a otros campos, como el social esto debido a que después de Fujimori no ha existido otro gobierno que asuma con firmeza el principio de orden y autoridad que es necesario para hacer viable un país.
Esta crisis social de persistir puede seguir golpeando a la economía, que durante este tiempo ha seguido fuerte a pesar de la constante crisis política, el populismo y la debilidad del gobierno es una combinación explosiva que puede ser peligrosa para nuestro querido Perú.
Por: Javier Haro (Sociólogo, bachiller en Derecho, estudiante de maestría en Derecho Constitucional. Afiliado a la ANP 11199).
