|ETC.PE|: Denuncian uso indebido de fondos estatales en evento deportivo escolar para proselitismo político de la gobernadora regional de Lima. La directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, Arístida Rufina Cisneros Flores, ha sido acusada de presuntamente desviar recursos del Ministerio de Educación, destinados a los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, para favorecer políticamente a la gobernadora regional de Lima, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado.
Se alega que Vásquez Cuadrado estaría utilizando estos fondos públicos con fines reeleccionistas, lo cual sería ilegal y contrario a las normativas vigentes.
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La controversia gira en torno a la entrega de medallas a los estudiantes participantes en el evento, ya que cada una lleva impreso el nombre completo de Rosa Vásquez, a pesar de que ella no habría contribuido financieramente al evento.
Aunque es cierto que Vásquez Cuadrado ocupa el cargo de gobernadora regional de Lima, no se justifica que su nombre aparezca en medallas financiadas exclusivamente por el Ministerio de Educación. Esta situación ha generado inquietud en la comunidad, que se pregunta si el Ministerio está al tanto de este presunto uso indebido de recursos.
Diversos sectores exigen una investigación penal para esclarecer si la gobernadora ha cometido abuso de poder al utilizar recursos públicos en beneficio de su imagen.
Asimismo, se ha cuestionado la eficacia de la labor de fiscalización de los consejeros regionales. A pesar de su presencia en estos eventos, no han emitido ningún pronunciamiento al respecto, lo que sugiere una posible complicidad de estos llamados fiscalizadores.
Esta falta de acción genera inquietud, ya que parece tratarse de un caso de proselitismo político disfrazado de actividad educativa.
Ley de Contraloría General de la República (Ley N.º 27785):
La Contraloría General de la República deberá investigar y supervisar el uso indebido de recursos públicos en el Gobierno Regional de Lima. Si se comprueban o detectan estas irregularidades, la Contraloría impondrá sanciones administrativas a las autoridades responsables de estos hechos.
