|ETC.PE|: Un reportaje de Panorama ha puesto en el ojo de la tormenta a la actual gobernadora regional de Lima, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, al revelar presuntos actos de corrupción y favoritismo dentro de su gestión. Según la investigación, la gestión de Rosa Vásquez favoreció con contrataciones por más de 300 mil soles a la empresa Cesoliv Servicios Generales, propiedad de César Oliva, padre de su ahijado, a pesar de que la compañía no cuenta con experiencia ni una sede formal de operaciones.
César Oliva, conocido anteriormente como empresario cevichero, habría incursionado en el rubro de obras públicas sin mayor respaldo técnico, logrando contratos para labores como el mantenimiento de ascensores y el enchapado de pisos. Sin embargo, cuando el equipo de Panorama acudió a la dirección registrada de su empresa en SUNAT, se encontró únicamente con un local de comida, lo que incrementa las sospechas sobre la legalidad de los procesos de contratación.
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El vínculo personal entre la gobernadora y el proveedor ha encendido las alarmas, sumado al hecho de que Rosa Vásquez ya enfrenta una denuncia por presuntamente apropiarse de un millón de soles durante su gestión como alcaldesa de Huarochirí. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 13 años de prisión.
Además, el Frente de Lucha Contra la Corrupción (Fredelco), presidido por Román Vega, denunció públicamente este posible caso de favoritismo y exigió que se investigue a fondo lo que consideran una evidente «repartija» de recursos públicos.
Repartijas del Gobierno Regional de Lima
Según fuentes vinculadas a la investigación, junto a César Oliva también estarían involucrados otros presuntos miembros de una red criminal de repartijas que operaría como proveedores del Gobierno Regional de Lima. Entre ellos figuran Julio Mendoza, Cristhian Velarde, Brayan Fernández, entre otros, quienes serían parte de una estructura dedicada al direccionamiento de contratos y el reparto de ganancias.
La Fiscalía ya ha iniciado diligencias para determinar la responsabilidad de los implicados y esclarecer si se trata de un caso más de corrupción dentro de los gobiernos regionales del país.
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