|ETC.PE|: La indignación vuelve a sacudir a Tumbes. Un funcionario del Poder Judicial fue detenido en flagrancia dentro de un hotel, luego de que solicitara favores sexuales a una madre de familia a cambio de acelerar el proceso de alimentos de su menor hijo.
Este caso expone, una vez más, la podredumbre en la que se encuentran sumidas varias instituciones. No se trata de un hecho aislado: cada vez es más común que ciudadanos denuncien abusos de poder por parte de jueces, fiscales e incluso policías, quienes en lugar de garantizar justicia y protección, utilizan su cargo para beneficio propio.
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“¿Ustedes creen que es la primera vez que lo hace? Solo es un prototipo de varios”, expresó un vecino indignado. Otro agregó: “Estos son unos asquerosos, en todas partes funciona así, pura corrupción. Bien que esta señora le tendió la trampa y lo hizo caer, ¿con cuántas habrá hecho lo mismo?”.
La imagen de las autoridades se encuentra por los suelos. Este tipo de casos solo alimenta la desconfianza ciudadana y refuerza la percepción de que las instituciones están infestadas de corrupción. La población exige sanciones ejemplares, no solo para este funcionario, sino también para todos aquellos que se valen de su cargo para cometer abusos.
La pregunta es inevitable: ¿quién protege realmente a los ciudadanos cuando los encargados de impartir justicia son los primeros en vulnerarla?
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