|ETC.PE|: Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en el ojo público a la Municipalidad Provincial de Barranca, al revelar que se habrían realizado contrataciones a personas impedidas legalmente de vincularse con el Estado, debido a sus lazos de consanguinidad o afinidad con funcionarios que ejercen cargos con competencia directa en la entidad.
Entre los casos identificados, dos actuales regidores provinciales –Edwin Girio Changanaqui y Merlín Sánchez Salazar– estarían involucrados directamente. A ello se suman otras investigaciones en curso, donde incluso se menciona que un regidor tendría a su hermana trabajando en la misma entidad. Inclusive el alcalde provincial también estaría siendo objeto de indagaciones por estas presuntas irregularidades.
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Los casos observados por la Contraloría incluyen vínculos como cónyuge, cuñado, yerno-suegro y padre-hijo, todos ellos prohibidos por la Ley de Contrataciones del Estado si no ha transcurrido al menos un año desde que el funcionario cesó funciones. El informe elaborado por la Subgerencia de Análisis de Datos de la Contraloría señala lo siguiente:
- Edwin Girio Changanaqui, regidor (2023–2026), cuyo cuñado Oscar Amasifuen figura como proveedor.
- Merlín Sánchez Salazar, regidor (2023–2026), relacionado por afinidad política con Gomer Cayetano Pozo, proveedor.
- Verónica Pajuelo Herrera, regidora provincial (2022), vinculada por matrimonio con Oscar Luis Ruiz Samanez, proveedor contratado.
- Analí Chávez Ramírez, exregidora (2019–2022), contratada como proveedora a pesar de estar impedida por haber ejercido funciones recientemente.
- Willian Timaná Girio, juez superior de la Corte de Huaura, vinculado directamente con su hijo William Timaná Higínio, proveedor contratado.
Estas contrataciones vulnerarían lo estipulado en la normativa vigente, lo que podría configurar actos de nepotismo o graves irregularidades administrativas, pasibles de sanciones e incluso acciones penales si se comprueba responsabilidad funcional.
Asimismo, se ha revelado otro caso polémico: el regidor Roberto Pozo estaría cobrando doble dieta, tanto en la Municipalidad Provincial de Barranca como en la Beneficencia Pública de Barranca, siendo parte del directorio de esta última. Esta situación ha generado críticas, ya que un fiscalizador no puede ser parte del directorio de una entidad pública a la que debería supervisar, generando un evidente conflicto de intereses. Además, el cobro de dos sueldos del Estado sin justificación legal podría constituir una falta grave sancionable.
Finalmente, ciudadanos han expresado su malestar por la inacción de varios regidores provinciales, quienes no asisten a las sesiones presenciales del concejo municipal, se conectan brevemente por celular o no participan activamente, sin presentar informes de labores ni justificar su inactividad. Se cuestiona el pago de dietas a quienes no cumplen con su función de representación y fiscalización. “Solo deberían cobrar quienes participan activamente y de forma presencial”, señalaron vecinos indignados.
