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Barranca bonita: Compra de 16 mil kilos de pollo para comedores populares bajo sospecha por posibles actos de corrupción

Informe de la Contraloría revela un grave descontrol en el Programa de Complementación Alimentaria de Barranca: entregas a comedores inexistentes, firmas que no coinciden con los padrones oficiales y vales con fechas irreales ponen bajo sospecha el manejo de S/ 243,780 destinados a la alimentación de la población más vulnerable.

|ETC.PE|: El Informe de Control Concurrente N.° 021-2025-OCI/2960-SCC ha sacado a la luz serias irregularidades en la Municipalidad Provincial de Barranca, vinculadas a la compra de 16,252 kilos de pollo entero fresco, adjudicada a la empresa Servicios Generales Señor de Cautivo de Barranca S.A.C., por un monto de S/ 243,780.00.

Según la Contraloría, la ejecución de esta adquisición se estaría realizando al margen de los mecanismos formales de control, generando una preocupante situación administrativa que compromete recursos públicos destinados a la alimentación de los sectores más necesitados.

Entrega “paralela” fuera del control municipal

Uno de los hallazgos más alarmantes es que la municipalidad no recibe el producto en sus almacenes institucionales. En su lugar, el pollo es entregado en un local externo, vinculado a empresas como JC Chimúc Avícola y el establecimiento AVIP S.A.C.

Esta modalidad operativa no se encuentra formalizada y permite que el proveedor coordine directamente con las presidentas de los comedores populares, eludiendo la supervisión efectiva de la municipalidad, lo que debilita cualquier control sobre la correcta entrega del alimento.

El informe de la Contraloría advierte textualmente que:

“Esta práctica genera diferencias entre las fechas consignadas en los documentos y las fechas reales en que se efectúa la entrega, debido a que las fechas registradas en las guías de consignación no reflejan la fecha efectiva de entrega, sino únicamente la fecha programada en el cronograma contractual”.

Funcionarios responsables y ausencia de supervisión documentada

La administración del programa está a cargo de la Subgerencia de Programas Sociales y Bienestar, dirigida por Luis Alberto Díaz Salvador, junto al técnico Donato Kenyi Llaca Blas. No obstante, pese a que ambos funcionarios aseguran realizar labores de supervisión, no existen actas, informes ni documentos que acrediten dichas acciones.

Incluso, el propio subgerente reconoció ante los auditores que el peso del pollo se verifica de manera “global”, y no por unidad, contraviniendo lo estipulado en el contrato, lo que impide garantizar que cada comedor reciba la cantidad exacta por la cual el Estado realiza el pago.

Ambos funcionarios dependen jerárquicamente del gerente de Desarrollo Humano, Martín Alexander Ayala Campos, quien además integró el comité de selección, lo que incrementa la responsabilidad funcional en este proceso.

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Comedores inexistentes y presunta suplantación de firmas

El informe revela hechos que podrían configurar un posible desvío de recursos públicos:

  1. Comedor “La Esperanza” (Supe): De acuerdo con la Guía de Consignación N.° 1085, este comedor habría recibido pollo el 19 de mayo de 2025. Sin embargo, la Contraloría constató que no figura en el padrón oficial del Programa de Complementación Alimentaria (PCA).
  2. Firmas irregulares: Al comparar los registros del proveedor con el padrón municipal, se detectó que las personas que firmaron el recojo del alimento no corresponden a las presidentas oficialmente registradas.

El documento oficial señala:

“Se advirtió que las personas que recogen el pollo en el establecimiento comercial no corresponden a las presidentas registradas en el padrón actualizado de comedores populares”.

Riesgo sanitario y cuestionamientos a la gestión

Al no existir recepción en el almacén municipal ni protocolos formales de control, no se garantiza la cadena de frío ni las condiciones sanitarias del producto, exponiendo a riesgo la salud de los beneficiarios.

La Contraloría concluye que la municipalidad ha renunciado a su deber de control, dejando la ejecución del programa prácticamente en manos del proveedor.

Este caso no solo representa un riesgo patrimonial cercano al cuarto de millón de soles, sino que evidencia cómo la deficiente gestión pública impacta directamente en la alimentación de las poblaciones más vulnerables. El informe ya ha sido remitido al alcalde provincial para que se adopten acciones correctivas inmediatas frente a lo que, a todas luces, muestra un sistema con serias debilidades de control.

Regidores en alerta

Además, los regidores integrantes del Comité de Desarrollo Humano, quienes confirmaron que han solicitado formalmente un informe al gerente Martín Ayala y se encuentran a la espera de una respuesta oficial (Contra Poder).

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