|ETC.PE|: La reciente decisión de retirar a Úrsula Silva Aliaga del programa del conversatorio constitucional en la Universidad Nacional de Barranca (UNAB) ha abierto un debate sobre un posible aprovechamiento de poder dentro de la institución.
La joven había sido anunciada como conferencista junto al exministro Víctor García Toma, hasta que se conoció que es hija de Cecilia Aliaga Herrera, presidenta de la Comisión Organizadora de la UNAB. Este parentesco, que inicialmente no fue informado, generó cuestionamientos sobre si se intentó favorecerla mediante el cargo que ostenta su madre.
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Más allá de la polémica inicial, surge una pregunta clave: ¿hubo algún beneficio económico detrás de su participación?
Sería importante conocer cuánto pensaban pagarle al conferencista invitado con dinero del Estado o si su participación sería gratuita. Y, sobre todo, si la hija de la presidenta Aliaga también iba a recibir alguna remuneración.
Si ese fuera el caso, estaríamos ante un posible acto indebido que merece ser aclarado.
Por el contrario, si ambos venían a aportar de forma gratuita, no habría mayor problema. Lo que preocupa es la falta de transparencia y el intento —o la apariencia— de colocar a un familiar directo en un evento oficial sin informar a la comunidad universitaria.
A esto se suma una inquietud que la población ya se cuestiona:
¿Quién iba a cubrir los gastos del viaje, alimentación y estadía?
¿La universidad? ¿La propia madre? ¿O existía un pago adicional como conferencista?
Mientras no se brinde una explicación clara, la sospecha de un posible uso indebido de poder seguirá creciendo.
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