Grave denuncia revela corrupción en el gobierno de Luis Ueno

|ETC.PE|: Grave denuncia revela corrupción en el gobierno de Luis Ueno. Durante la última sesión del concejo provincial, la expresidenta de la lotizadora San Juan denunció públicamente que cinco personas se habrían apropiado de un terreno de mil metros cuadrados, originalmente reservado para áreas verdes, una posta médica, un centro educativo y un local comunal. Estas personas aseguran contar con licencias de circulación emitidas por la Municipalidad Provincial de Barranca.

Según explicó la vecina, el señor Poblete, propietario original de la lotizadora, cedió el terreno y vendió los lotes a los actuales vecinos. El predio se mantenía cercado, arborizado y en buen estado, gracias al cuidado de la comunidad, hasta que, de un momento a otro, aparecieron cinco presuntos traficantes de terrenos. Estos llegaron con materiales de construcción, plaquetas, supuestos permisos municipales y matones, quienes impidieron cualquier acción vecinal.

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Lo más grave. Es que los presuntos invasores serían contratistas que trabajan para la Municipalidad, bajo la gestión del alcalde Luis Ueno, quien no estuvo presente en la sesión. El regidor Roberto Pozo encabezó la sesión y justificó la ausencia del alcalde señalando que se encontraba en Lima por “asuntos más importantes”.

Esta situación ha generado fuertes sospechas entre los vecinos. “Parece que el alcalde está pagando favores políticos”, se expresó durante la intervención. También se cuestionó que el pleno del concejo no haya sido informado de lo ocurrido, pese a que el alcalde tenía conocimiento del caso desde hace más de un mes.

¿Complicidad o negligencia?

El regidor Roberto Pozo reconoció que acompañó al alcalde a una reunión con los vecinos el lunes anterior. Sin embargo, no informó al concejo sobre lo acordado en dicho encuentro, y los vecinos consideraron esta omisión como una falta grave y una muestra de falta de transparencia. El regidor Merlin Sánchez autorizó la participación de los vecinos en la sesión.

Además, los vecinos criticaron que recién hoy por la tarde, tras la denuncia pública, Eliseo Uñuruco Herrera, subgerente de Obras Privadas, haya actuado de emergencia. Emitió una notificación de desalojo dirigida a los ocupantes del terreno usurpado. No obstante, esta no fue entregada formalmente, sino que fue tirada dentro del predio y no dejada en el domicilio fiscal de los invasores.

También se explicó que el terreno aún figura a nombre del señor Poblete en los Registros Públicos. Y que recién en 2016 fue entregado oficialmente a la municipalidad como parte del área de cesión para uso comunal. Sin embargo, los supuestos permisos de circulación están fechados en 2014, lo cual genera sospechas de irregularidades o incluso de falsificación de documentos por parte de funcionarios municipales.

Ante esta situación, los vecinos exigen una investigación inmediata, la anulación de los permisos, el desalojo y el derrumbe de los muros cercados con plaquetas, así como sanciones para los responsables de lo que consideran una clara muestra de corrupción dentro del gobierno del alcalde Luis Ueno.