|ETC.PE|: Municipalidad de Barranca adopta una nueva modalidad de corrupción. En los últimos meses, la Municipalidad Provincial de Barranca viene promoviendo una práctica peligrosa: sugerir a los vecinos que contraten ingenieros o empresas externas para actualizar expedientes técnicos, mejorar perfiles de proyectos o elaborar planos.
Según una investigación de ETC.pe, funcionarios de la Gerencia de Obras y del área de COFOPRI estarían utilizando como argumento que “están sobrecargados de trabajo”, “no tienen tiempo” o que “los trámites se demoran demasiado”. Por ello, recomiendan contratar a personas externas como supuesta solución rápida.
En realidad, esto empuja a los vecinos a pagar a terceros por servicios que deberían ser brindados por la municipalidad.
📌 ¿Qué implica esta práctica?
En la práctica, esto significa que:
1️⃣ Los vecinos terminan pagando con su propio dinero obras y trámites que ya financian con sus impuestos. En muchos casos, se les sugiere contratar a personas del entorno de los propios funcionarios, a un “precio accesible”. Sin embargo, si deciden buscar por su cuenta, el trabajo externo resulta mucho más caro, ya que en la práctica son los mismos trabajadores de la Municipalidad quienes realizan estos servicios.
TE PUE DE INTERESAR: Tochinadas parte II: Critica la Semana Turística y dice: “Una semana es mezquino, mejor que se llame Semana turística de Verano” (VÍDEO)
2️⃣ Con la ilusión de que sus proyectos se hagan realidad, los dirigentes organizan cuotas entre los vecinos, afectando su economía. Bajo el argumento de actuar “por el bien del barrio”, exigen colaboración para poder avanzar con los trámites.
3️⃣ Esta práctica se normaliza por desconocimiento o, en algunos casos, por complicidad entre dirigentes, aceptando algo que legalmente no corresponde: pagar por obras y servicios del Estado.
Peor aún, aunque se diga que son “externos”, muchas veces se trata de personas vinculadas a la propia gestión.
📌 Trasladar responsabilidades y esconder errores
Con este sistema, la municipalidad busca lavarse las manos.
Si algo sale mal, la culpa recae en el “ingeniero externo” o la empresa contratada, y no en la institución que debería supervisar y ejecutar los proyectos, ya que los vecinos aceptaron contratar a un externo.
Luego se argumenta que solo “sugirieron” y que la responsabilidad era del contratado, dejando a la municipalidad fuera de toda culpa.
De esta forma:
👉 La municipalidad deja de asumir su responsabilidad.
👉 Los vecinos asumen el riesgo.
👉 Los funcionarios quedan protegidos.
📌 No es un caso aislado: también en títulos de propiedad
Esta misma práctica se estaría repitiendo en los procesos de titulación en el área de COFOPRI.
A los vecinos se les cobra alrededor de 140 soles para elaborar planos, cuando, según el Ministerio de Vivienda, este trámite debe ser gratuito y gestionado por la municipalidad.
Ilusionados por obtener su título de propiedad, los vecinos se organizan y colaboran económicamente, sin saber que están pagando por un derecho que debería ser garantizado por el Estado.
Con el pretexto de “agilizar”, se promueven cobros indebidos que no ingresan a las arcas municipales, sino a bolsillos particulares.
📌 ¿Una nueva modalidad de corrupción?
Todo esto apunta a una nueva forma de corrupción: no se roba directamente desde la municipalidad, sino que se obliga al vecino a pagar por fuera, mientras algunos funcionarios se benefician en silencio.
Es una corrupción disfrazada de “gestión rápida”.
«No podemos seguir aceptando estas situaciones a cambio de supuestas “soluciones rápidas”. Ganar unos meses comprometiendo nuestra ética no es progreso. Apoyar estas prácticas es normalizar la corrupción», expresó una vecina que no esta de acuerdo esta práctica.
Los vecinos merecen respeto, transparencia y una municipalidad que cumpla su función, no una que traslade sus obligaciones al pueblo.
Los ciudadanos deben exigir que sus trámites se agilicen de manera legal y transparente, sin prestarse a este sistema. Quien tenga dinero podrá pagar, pero no se debe afectar ni perjudicar a los más necesitados.
Ante estos hechos, se exhorta al Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República a iniciar una investigación inmediata, a fin de determinar responsabilidades y sancionar a los funcionarios involucrados.
Asimismo, se hace un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan en defensa de los derechos de los vecinos.
