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¡Otra joya más! Gobernadora designa a funcionario sancionado en el Hospital de Barranca–Cajatambo

La sentenciada Rosa Vásquez Cuadrado, aliada política del improvisado alcalde Luis Ueno, continúa nombrando funcionarios sin el perfil adecuado. Lejos de fortalecer el sistema de salud, viene agravando la crítica situación que atraviesa Barranca.

|ETC.PE|:  ¡Otra joya más! La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, vuelve a generar cuestionamientos tras la designación de un funcionario sancionado en la Dirección Ejecutiva del Hospital de Barranca–Cajatambo, en la recta final de su gestión.

Según la Resolución Administrativa N.° 000489-2025-OGRH, de fecha 24 de junio de 2025, el actual director fue sancionado cuando se desempeñaba como director del Hospital de Huaycán, con suspensión sin goce de remuneraciones por tres días.

La sanción se dio luego de comprobarse que formalizó, mediante resoluciones directorales, encargaturas a las servidoras Ana María Cruz de la Cruz y Betzaida Pucllas Cueto para los cargos de Coordinadora de Seguros y Coordinadora de Área de Personal, sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el perfil de puesto, vulnerando el principio de legalidad.

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Si bien la sanción podría considerarse un hecho aislado, llama la atención que, ya en la Dirección del Hospital de Barranca–Cajatambo, se haya priorizado la contratación de más personal administrativo, cuando la población exige con urgencia mayor número de médicos, especialistas y personal asistencial.

Falta de fiscalización

Otro aspecto preocupante es la ausencia de fiscalización por parte de los regidores provinciales, quienes también tienen la facultad de supervisar la gestión de las instituciones públicas del Estado, incluidos los establecimientos de salud.

Sin embargo, hasta el momento, no se han conocido acciones concretas ni informes públicos sobre evaluaciones al hospital, pese a las constantes quejas de la población por deficiencias en la atención.

Preocupación ciudadana

La designación de funcionarios con antecedentes disciplinarios, sumada a la falta de control político, genera malestar entre los ciudadanos, quienes esperan autoridades comprometidas con mejorar el sistema de salud y no con repetir viejas prácticas.

La población exige transparencia, idoneidad en los cargos y una verdadera fiscalización para garantizar un servicio digno y eficiente.

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